jueves, 19 de abril de 2018

UNION BANCARIA: CONDICION NECESARIA PERO NO SUFICIENTE


En la actual reforma del reglamento y directiva de exigencias de capital (CRR/CRDIV), se están considerando opciones para reducir la delimitación de las exigencias de capital y liquidez dentro de las fronteras nacionales, como aquellas que permiten no aplicar las exigencias a operaciones transfronterizas intragrupo, (incluso para las que desde las organizaciones sectoriales promueven que sean sin aprobación supervisora previa), y que podrán favorecer las fusiones bancarias transfronterizas.

Las instituciones europeas de regulación y supervisión han realizado en los últimos años un trabajo promocional sobre las bondades de las operaciones “sanas” de fusiones bancarias transfronterizas en la UE entre bancos “saneados” desde la perspectiva prudencial,  dentro del nuevo marco de la regulación y supervisión únicas de las Unión Bancaria, como mecanismo de concentración y búsqueda de eficiencias del sector en Europa y que podrán reportar tres beneficios principales: En primer lugar, intensificar la integración financiera en la zona, sentando los cimientos para conseguir el objetivo común de un sector bancario verdaderamente europeo. En segundo, los ahorradores tendrán más opciones para invertir su dinero, y las empresas y los hogares podrán recurrir a más fuentes de financiación. En tercer lugar, la compartición de riesgos mejorará, redundando en una mayor estabilidad y eficiencia de la economía de la UE.

Sin embargo ante la reiteración de estos argumentos de las instituciones europeas, no han sido pocas las voces desde las entidades bancarias que se han elevado anticipadamente, o que han tenido que responder a la pregunta de los analistas sobre a que esperan,  para hacer entender que el desarrollo y finalización de la Unión Bancaria es condición necesaria pero no suficiente para este tipo de acciones corporativas.

Las fusiones bancarias son complejas, costosas y arriesgadas, y su éxito depende de determinadas condiciones propicias. Las entidades bancarias tienen que estar seguras si van a dar este paso, y parece que todavía carecen de la confianza necesaria.

Suele haber incertidumbre sobre el valor económico que aportan las fusiones. Al analizar los socios potenciales, pueden existir dudas sobre la calidad de sus activos y sobre su capacidad para generar beneficios. En algunas partes de la zona del euro, los niveles de préstamos dudosos continúan siendo elevados y resulta difícil determinar su verdadero valor. Además, parece que existe incertidumbre sobre algunos factores clave a largo plazo del rendimiento de los bancos. Por ejemplo, ¿cómo afectarán la digitalización y los cambios que esta entraña en la estructura de mercado, a la estructura y el tamaño óptimos de los bancos? ¿Sigue mereciendo la pena adquirir redes de oficinas cuando la banca digital podría reducir cada vez más su utilidad?

Las incertidumbres se multiplican por la dimensión internacional. En primer lugar, las fusiones transfronterizas requieren no solo que las entidades traspasen sus fronteras nacionales, sino también que superen barreras culturales y lingüísticas.

La falta de armonización de los marcos jurídicos y regulatorios que rigen las revisiones supervisoras de las fusiones y adquisiciones en los países que participan en el MUS puede aumentar los costes de las fusiones transfronterizas y ser un obstáculo para llevarlas a cabo. Las legislaciones nacionales que regulan las operaciones de fusión tienden a ser diferentes en los distintos países.

La incertidumbre que aún persiste en materia de regulación también puede influir. Parece que a muchas entidades de crédito les gustaría ver el código normativo único plenamente implementado antes de plantearse dar el gran paso de fusionarse con otra entidad. La regulación única de exigencias de capital sigue conteniendo una serie de opciones y facultades que se ejercitan de forma diferente a nivel nacional y hacen difícil poder asegurar un nivel total de capital regulatorio coherente entre los países y comparar plenamente las posiciones de capital de las entidades de crédito. Hay otros factores en la regulación única bancaria que también pueden influir desincentivando  las decisiones de fusión de las entidades de crédito, como los requerimientos de capital adicionales que pueden derivarse del aumento del tamaño y la complejidad de un banco, en forma de colchones para las llamadas otras entidades de importancia sistémica o incluso de colchones para entidades de importancia sistémica mundial.

A este panorama se añade el hecho de que una parte del marco legislativo de los países de la UE, como la legislación sobre insolvencias, los sistemas tributarios y  las normativas en materia de protección de los consumidores que respaldan el funcionamiento de los sistemas financieros continúa siendo distinta en la Unión Europea y en la zona del euro.

Conclusión, Las operaciones de concentración y fusiones han de dejarse a las fuerzas del mercado, y los cambios regulatorios, a los reguladores.





jueves, 12 de abril de 2018

DICTAMENES DEL BCE SOBRE LA REFORMA DEL MARCO REGULATORIO PRUDENCIAL DE ENTIDADES FINANCIERAS


En noviembre de 2016, la Comisión Europea propuso una amplia reforma de la legislación de la UE sobre exigencias de capital (CRR y CRD IV) y de gestión de crisis de entidades financieras (BRRD y Reglamento del MUR).

El Consejo de la Unión Europea comenzó a revisar la propuesta de la Comisión en el primer trimestre de 2017. La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo publicó los proyectos de informe pertinentes en noviembre de 2017, y se espera que la adopción definitiva de las modificaciones tenga lugar entre finales de 2018 y el primer trimestre de 2019.

En su esquema general las principales novedades regulatorias incorporadas a esa propuesta son:

Implementación de las nuevas normas de los acuerdos de Basilea III
  • Ratio de financiación estable neta (NSFR)
  • Ratio de apalancamiento (LR)
  • Revisión fundamental de la cartera de negociación (FRTB)
  • Método estándar para el riesgo de contraparte (SA-CCR)
  • Riesgo de tipo de interés en la cartera de inversión (IRRBB)


Ampliación del marco normativo de resolución bancaria
  • Armonización del orden de prelación de créditos
  • Inclusión de un nuevo instrumento de moratoria
  • Implementación de la norma sobre capacidad total de absorción de pérdidas (TLAC) del FSB
  • Otros ajustes al requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos admisibles (MREL)


Reforma del marco normativo de la supervisión bancaria
  • Modificaciones del marco del Pilar 2
  • Introducción de la exigencia de establecer una sociedad matriz intermedia (IPU) en la UE
  • Introducción de exenciones a la aplicación de los requerimientos de capital a nivel transfronterizo.
  • Reducción de la frecuencia de presentación de información para los bancos más pequeños.



A petición de los colegisladores, el Banco Central Europeo emitió tres dictámenes con su visión, opiniones y sugerencias de mejoras a la propuesta de regulación de la Comisión. Estos dictámenes se publicaron en Marzo y Noviembre de 2017. (CON/2017/6), (CON/2017/47), (CON/2017/46).

Las principales posiciones del BCE sobre el paquete de reformas que se han recogido en estos informes son:

En cuanto al marco de supervisión, el BCE respaldó en líneas generales la propuesta de permitir que, en determinadas condiciones, los supervisores eximan del cumplimiento de los requerimientos de capital a nivel individual a las filiales ubicadas en un Estado miembro distinto del de sus entidades matrices, protegiendo al mismo tiempo la estabilidad financiera a medida que la unión bancaria sigue avanzando hacia su culminación. Además, el BCE se mostró a favor del establecimiento de un régimen transitorio adecuado y apoya la propuesta de exigir a los grupos bancarios de terceros países con dos o más entidades en la UE la creación de una entidad matriz intermedia en la Unión Europea, lo que contribuiría a una supervisión más eficaz y coherente. No obstante, para evitar el arbitraje, el BCE recomendó que la exigencia también incluya a las sucursales significativas.


Las revisiones del Pilar 2 constituyeron un motivo de preocupación específico para el BCE debido a que, aunque la propuesta de la Comisión trataba de aumentar la armonización en la UE de la práctica supervisora, restringía la actuación supervisora en áreas fundamentales. El BCE subrayó que los supervisores deberían tener suficiente flexibilidad respecto de cada entidad para medir sus riesgos, determinar el importe de los fondos propios adicionales que deben mantener, y aprobar o rechazar cambios en su composición.

Asimismo, los supervisores deberían poder actuar con flexibilidad para exigir datos detallados ad-hoc cuando sea necesario para evaluar correctamente el perfil de riesgo de una entidad. Estas opiniones fueron compartidas por la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo en su proyecto de informe sobre las modificaciones de la DRC IV.

Asimismo, el BCE instó a incrementar la armonización del marco prudencial de la UE, mediante la introducción de determinadas facultades supervisoras en el Derecho de la UE (por ejemplo, en relación con los procedimientos de autorización, especialmente las evaluaciones de idoneidad de miembros de los cuerpos de dirección de las entidades), y la supresión de las opciones y facultades no justificadas. La armonización limitaría la aplicación de disposiciones nacionales diferentes que impiden una supervisión eficaz.

Por último, el BCE solicitó que se revise la supervisión de las grandes empresas de servicios de inversión transfronterizas que desarrollen actividades bancarias, recomendando que estas empresas sean tratadas como entidades de crédito. La Comisión presentó una propuesta al respecto en diciembre de 2017.



Por lo que respecta a la implementación de normas de Basilea como la ratio de apalancamiento (LR), la ratio de financiación estable neta (NSFR) y la revisión fundamental de la cartera de negociación (FRTB), el BCE puso de relieve que es necesario que se transpongan correctamente al Derecho de la UE para asegurar la comparabilidad entre entidades y la igualdad de condiciones, y recomendó asimismo la inclusión de cláusulas de revisión para todas las normas que el Comité de Basilea ha venido debatiendo y actualizando hasta completar los acuerdos BIS III en Diciembre 2017.



En relación con el marco de gestión de crisis, el BCE apoyó la propuesta de introducir una categoría armonizada para todos los países de la UE de deuda senior no preferente para facilitar el cumplimiento de los requerimientos inminentes de TLAC y MREL, aunque defendió la necesidad de acometer reformas adicionales para armonizar en mayor medida el orden de prelación de créditos en los procedimientos de insolvencia de entidades de crédito, en particular la introducción de la prioridad de cobro general de los depositantes. 

El BCE acogió positivamente la aplicación de la norma TLAC a través del MREL. Sin embargo, en relación con la calibración del MREL, el BCE recomendó que se permita a la autoridad de resolución introducir un margen de seguridad incrementando el componente de recapitalización del MREL. De este modo se garantizaría que las entidades resultantes de la resolución dispongan de recursos suficientes para cubrir pérdidas y costes inesperados adicionales en el período posterior a la resolución. Además, se debería suprimir la guía de MREL (MREL guidance) propuesta, ya que complicaría el marco sin aportar ventajas claras. 

El BCE respaldó la propuesta de aplazar la aplicación de las restricciones al importe máximo distribuible (IMD) cuando las entidades incumplan el requerimiento combinado de colchones de capital como consecuencia de su incapacidad para sustituir pasivos que ya no cumplan los criterios de admisibilidad o de vencimiento del MREL. No obstante, el BCE recomendó que el aplazamiento sea de doce meses en lugar de los seis que propone la Comisión. 

Asimismo, el BCE recomendó que sus facultades de actuación temprana se incorporen directamente al Reglamento del MUR para facilitar la coherencia en su aplicación. Por último, el BCE recomendó suprimir de la DRRB las medidas de actuación temprana ya existentes en la DRC IV y en el Reglamento del MUS.

Referencia: Informe anual 2017 de MUS.



jueves, 5 de abril de 2018

NOVEDADES EN LA ACTIVIDAD DE LAS INSTITUCIONES REGULADORAS DEL MES DE MARZO 2018

El  seguimiento y puesta al día en toda la actividad regulatoria y supervisora de las instituciones que están modelando cada día la Unión Bancaria y de Mercados en Europa,  es una amplísima tarea  para las entidades, profesionales y estudiantes del sector.

Este Observatorio divulga, a fin de ayudar en esa labor,  un documento mensual de novedades en la actividad relevante de 
la Comisión Europea (EC), Parlamento Europeo (EP), Consejo de Europa (CE), Consejo Europeo Económico y Social (EESC), Autoridad Bancaria Europea (EBA), Autoridad Europea de Mercados (ESMA), Banco Central Europeo (BCE), Supervisor bancario (BCE-SSM), Consejo Europeo de Riesgo Sistémico (ESRB), Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (BIS-BCBS) y Consejo Internacional Estabilidad Financiera (FSB)

El compendio se organiza por instituciones y por fecha de publicación de la actividad, etiquetando cada actividad con el marco  regulatorio o ámbito  al que afecta para mejor filtrar los intereses de cada uno.   En cada actividad vienen los enlaces que facilitan el acceso a la documentación institucional referida, para facilitar su estudio.






miércoles, 21 de marzo de 2018

LA CRISIS DEL 2008, DIEZ AÑOS DE ESCUELA DE GESTION BANCARIA



Ahora que se cumplen diez años desde el inicio de la mayor crisis financiera en décadas, que tan terribles consecuencias está dejando, quiero exponer aquí alguna de las enseñanzas que también nos esta dando. Lecciones que se están aplicado a toda la re-ingeniería de la arquitectura y funcionamiento del sector financiero europeo, realizada mediante el proceso regulador de la última década, y que tiene como objetivo hacer que la actividad bancaria funcione de manera sostenible y con visión responsable del futuro, para hacer que la sociedad, que tanta necesidad tienen de servirse del uso eficiente y eficaz de sus recursos financieros, continúe de forma estable.

La pregunta que hacerse como responsables en mayor o menor medida en el sector es: ¿cómo podemos garantizar que los bancos sirvan de manera confiable a la economía y a la sociedad?

Dar respuesta a esta pregunta se ha convertido en el objetivo final de todas las reformas regulatorias relevantes que se han emprendido desde la crisis, y mucho se está haciendo, desde la mejora de los estándares globales de capital y liquidez con los acuerdos de Basilea III, pasando por el establecimiento y desarrollo en marcha de la Unión Bancaria y la Unión de Mercados de Capitales Europea. Las reglas del juego responsable para los bancos ahora están mucho más establecidas, Y lo mismo es cierto para la supervisión.

Pero hay una cosa que ni las reglas ni los supervisores pueden hacer. No pueden evitar que todos y cada uno de los bancos puedan fallar. La posibilidad de fallo es inherente a cualquier tipo de negocio, y es un elemento central para que las economías de mercado que funcionan bien.

En el pasado la creencia de que los bancos que fallaran serían rescatados sea cual sea el costo a la sociedad creó malos incentivos. Algunos bancos se acostumbraron a una garantía implícita y gratuita de los gobiernos, que se activó cuando las cosas salieron mal. Una gestión de esos bancos sensata y prudente a menudo se consideraba menos importante. Algunos bancos aumentaron su rentabilidad invirtiendo en activos de mayor riesgo. De esa forma, podrían obtener rendimientos más altos, sabiendo que los riesgos correrían a cargo de otros, por parte de los contribuyentes. Ni los accionistas ni los gestores en los comités de dirección proporcionaron los controles y equilibrios necesarios. No tenían incentivos para controlar los riesgos. A menudo esperaban beneficios desmesurados, sabiendo que necesitaban tomar riesgos igualmente grandes para obtener estos retornos. Pero no les importó demasiado creían vivir en un mundo donde los beneficios los ganaban unos pocos, pero las pérdidas se imponían a muchos.

No es el trabajo de las autoridades públicas, supervisores bancarios, ni la sociedad en general  mantener vivos a los bancos individuales con dificultades. No se deben bajar los estándares para atender al banco más débil. También es erróneo suponer que la economía  solo necesita crecer unos años más para que el banco se recupere. El resultado son bancos ineficaces, que se tambalean como zombis económica y financieramente, apenas capaces de sobrevivir en los buenos tiempos, que no sirven, y que hacen menos fiables a las economías y lastran la sociedad.

Muchos de estos bancos no echaron el cierre antes de la crisis por las expectativas de supervivencia y durante las primeras etapas de la crisis tampoco lo pudieron hacer, manteniéndolos en coma con el aporte de ingentes cantidades de recursos públicos de la sociedad por evitar los mayores efectos de la bola de nieve y contagio en la ya debilitada falta de confianza y estabilidad del sistema económico.

Pero las entidades financieras pueden fallar y deben ser ordenadamente sacadas de las economías sin que el coste recaiga en la sociedad mediante los rescates públicos.

Para esto se ha ideado el Mecanismo Único de Resolución Bancario Europeo, MUR. 

Este sistema define las herramientas y la necesaria intervención institucional para asegurar el orden y el mínimo impacto en la sociedad en las resoluciones bancarias, con el mayor objetivo de evitar  que el dinero de los contribuyentes sea involucrado para cubrir las pérdidas mediante las regalas de aplicación en primer lugar del capital de los propios accionistas/propietarios y luego de otros acreedores y del restos de la industria bancaria, y que vendrán a dar la motivación necesaria para que la gestión sensata y prudente sea considerada con la importancia que merece entre los consejos de administración bancarios.

Sin embargo nunca es deseable que los bancos fallen, su resolución ordenada debe ser un último recurso y en este sentido el sistema bancario debe iniciar su atención mucho antes de llegada la quiebra.

Ahora se exige, para la buena solvencia de las entidades, que se elaboren nuevos planes exhaustivos de capital y liquidez que cumplan con las necesidades de fondos propios bancarios para cubrir los riesgos de pérdidas en las inversiones, y de recursos monetarios para cubrir las necesidades de hacer frente a las obligaciones de pago a tiempo.  Ahora también se exige anticipadamente cuando la marcha de las entidades es buena, que se elaboren planes y se mantengan fondos adecuados para la recuperación o resolución ordenada en  la quiebras.

Se han definido las pruebas de resistencia de la solvencia de los bancos en varios escenarios hipotéticos futuros más y menos adversos de la economía y los mercados financieros para evaluar sus niveles y  gestión de riesgos y evaluar que su capital pueda hacer frente a las pérdidas, y si no lo hace se aplicarán decisiones ad-hoc por el supervisor sobre sus niveles de capital.

Se han definido regulaciones con medidas de cobertura temprana de pérdidas y guías de gestión y buenas prácticas  sobre las carteras de préstamos no productivos, cuyos niveles mantienen a un grupo de bancos de la UE en dificultades.

Se han  creado herramientas de intervención anticipada, (todavía en vías de mejora y homogeneización en la UE), para que las instituciones públicas de supervisión y vigilancia, pueden usarlos si ven que un banco está a punto de entrar en problemas. La idea es ser intrusivo y hacer que el banco sea oficialmente consciente de las serias preocupaciones de su gestión y situación. 

Adicionalmente la declaración de quiebra o posibilidad de quiebra de un banco por parte de las autoridades de supervisión tiene consecuencias de gran alcance, que supondrá una carga financiera para los accionistas. Por lo que es una decisión difícil a la que se le aplica un delicado proceso con actos de estudio y análisis, amplio conocimiento experto, equilibrio y mucha atención a los plazos ya  que si la decisión se posterga demasiado tiempo, los costes e impactos de la quiebra comienzan a aumentar. Esto perjudicaría a los acreedores y depositantes, e incluso podría convertirse en una amenaza para la estabilidad financiera.

Pero de todas las medidas la más eficaz para no llegar al fallo bancario, es la vigilancia de la gestión prudente de las operaciones bancarias, asegurando modelos de negocio rentables y sostenibles en el largo plazo; asegurando adecuadas estructuras expertas de gobierno y dirección internas con suficiente independencia e información, asegurando correcto conocimiento y organización para la identificación, evaluación, medida, control y mitigación de los riegos de todo tipo a los que se exponen los bancos; asegurando la rápida y eficaz gestión de las inversiones fallidas; asegurando que los niveles de capital y provisiones y los planes para mantenerlos son los necesarios para garantizar solvencia en condiciones normales o excepcionales; y asegurando que la liquidez a tiempo y los planes para mantenerla sean los necesarios para garantizar las obligaciones de pagos en condiciones normales o excepcionales.

Esta práctica de la gestión prudente se recoge en el Libro Único de regulación bancaria que es el primer pilar constitutivo de la Unión Bancaria Europea y su vigilancia se recoge en  las responsabilidades del Mecanismo Único de Supervisión Bancaria Europea, MUS.

Los profesionales y expertos que se van incorporando a la industria bancaria desde la crisis en los últimos años, serán los responsables en el mañana de conducir el devenir del sector y su servicio confiable a la sociedad, y es importante que mantengan  el conocimiento necesario y juicio  para que sea un sector que entregue gran prosperidad, y no ruinas sociales, como la de la última crisis, de la que todos nos podemos servir de forma positiva para sacar las lecciones y aprender cómo mejor alcanzar ese alto objetivo mediante la gestión prudente y responsable de las entidades financieras.




viernes, 16 de marzo de 2018

INSTITUCIONES REGULADORAS EUROPEAS PARA LA EVOLUCION FINTECH


Las instituciones  de supervisión y regulación de los mercados financieros europeos están teniendo un trabajo muy comprometido en lo relacionado al fuerte florecimiento de nuevas tecnologías y modelos de negocio disruptivos en los servicios financieros, de la mano de un conjunto de proyectos innovadores y compañías tecnológicas, acompañados de importantes inversiones privadas, que forman lo que se ha denominado de modo general  “Fintech”, … y yo le añado los apellidos “evolución revolucionaria”.

Todos tenemos presente, con las experiencias de las dos últimas décadas en otros sectores, que la innovación tecnológica trae consigo importantes revoluciones en los productos y servicios que alteran drásticamente los modelos de negocio y operaciones establecidos, y que superan y  dan al traste con aquellos competidores del mercado que no lideran o  integran rápidamente en su ADN las novedades de las tecnologías. (Siempre fue así, pero ahora a la velocidad de la luz con la que se mueven los electrones).

Pero esta voraz dinámica de mercados de altísima velocidad, que ha alterado completamente sectores enteros de las economías, no siempre va ligada a movimientos empresariales, tecnológicos y sociales con pocos riesgos, y los riesgos en el sector financiero  son la fuente de inestabilidad financiera de la economías, a la que se viene combatiendo por tierra mar y aire por todos los estados e instituciones del sector desde la última crisis.

Aquí está el dilema para los reguladores y supervisores financieros:

Frenar por la fuerza de la regulación el desarrollo Fintech en nombre de la estabilidad financiera, podría sofocar la innovación, impedir que los bancos y entidades de inversión actuales  desarrollen nuevas economías de escala, dinamitar el importante desarrollo empresarial y de empleo ligado a las nuevas compañías de tecnologías financieras y nuevos servicios financieros y privar a las pequeñas empresas y los hogares del beneficio del progreso tecnológico.

Por otro lado, permitir que los riesgos se acumulen en un sector no regulado puede socavar la estabilidad financiera y deshacer los beneficios de los esfuerzos regulatorios del pasado. Los servicios bancarios podrían migrar a partes menos reguladas del sistema financiero, a menos que la prestación de servicios similares con riesgos similares esté regulada de manera similar.

De este modo, un principal, difícil y comprometido trabajo de los supervisores y reguladores del sector financiero es comprender los riesgos que estas tecnologías representan para la estabilidad del sistema financiero en su conjunto, a la vez que deben encontrar, mediante sus políticas públicas, el equilibrio adecuado entre facilitar la innovación y garantizar la estabilidad financiera y la protección del consumidor. Y no hay soluciones rápidas o fáciles.

Pero hasta ahora cabe decir de forma justa (aunque es también justamente discutible), que el resultado de estos trabajos en la Unión Europea ha sido de apoyo a la innovación, tratando de hacer que el fenómeno Fintech sea para el sector financiero de la UE, una evolución con una aproximación revolucionaria al estudio, conocimiento, comprensión  y control de los riesgos que la acompañan.  Se basa en la apertura del acceso al mercado, con riesgos conocidos y controlados y tecnológicamente neutra, a las empresas de servicios financieros innovadores basados en las nuevas tecnologías, para ayudar a aumentar la competencia, bajar los costes y estimular la innovación, como se ha visto en otros sectores, y ya hay iniciativas y actuaciones significativas.

El Comité de Pagos e Infraestructuras de Mercado del BIS, en colaboración directa con el Banco central Europeo  ha desarrollado y presentado un estudio e informe que viene dar respuestas, ante la demanda actual de pagos en tiempo real totalmente confiables,  a muchas de las preguntas que se plantean sobre la viabilidad y la conveniencia de combinar la tecnología de registro distribuido (DLT/blockchain) con la confianza inherente de las monedas de curso legal, con idea de la emisión de monedas virtuales por los bancos centrales y el desarrollo de la industria de pagos basadas en estas monedas. Pero como se establece en este informe, los problemas de  varios tipos que esto plantearía, para los bancos centrales y la sociedad en general, necesitan una consideración cuidadosa. El informe servirá de base para las próximas conversaciones del G20 en materia de emisión de monedas virtuales por los bancos centrales.

La directiva aprobada de Servicios de Pago (PSD2), que ya se ha transpuesto en 11 Estados miembros de la UE, otorga a los clientes de los bancos el derecho de compartir por medios electrónicos  la información de su cuenta y utilizarla para iniciar pagos, también electrónicamente,  desde nuevas empresas especializadas no bancarias, mientras mantiene altos estándares de protección de datos personales y del consumidor. Se abre un campo de prestación de servicios nivelado y con riesgos controlados donde las compañías Fintech pueden crecer, ganar escala y aprovechar otros avances técnicos paralelos. La finalización del marco regulador ya ha dado lugar al inicio del desarrollo y certificación de los estándares técnicos de nuevos interfaces de acceso (APIs) a la información y al inicio de los pagos que los bancos implementarán y  que dará lugar al funcionamiento del concepto de la banca abierta (Open Banking).

La directiva recientemente presentada a trámite legislativo europeo, que estará aprobada en unos meses, sobre servicios de financiación “crowdfunding”, que permitirá a las empresas con estas plataformas solicitar una licencia única, y realizar su operación en toda la UE bajo un único marco normativo. A la vez mejorarán el acceso seguro y protegido  a esta forma innovadora de financiación para los pequeños inversores y a las empresas que necesitan financiación, en toda Europa.

Se ha desarrollado una guía específica para ayudar a las autoridades de supervisión en la evaluación de las solicitudes bancarias por compañías Fintech. El objetivo de la guía es hacer que el proceso sea más transparente para los potenciales solicitantes y aumentar su comprensión del procedimiento y los criterios aplicados por las autoridades al evaluar las solicitudes de licencia. Esta iniciativa forma parte de un esfuerzo más amplio con el lanzamiento de los denominados "facilitadores Fintech" por la autoridades de supervisión en  varios estados miembros de la UE.

Se ha establecido a nivel europeo el Consejo Europeo de  Ciberseguridad de las Infraestructuras Financieras, a fin de crear un foro permanente para mejorar la ciber-resistencia de las infraestructuras del mercado financiero, sus proveedores de servicios críticos y el sector financiero de la UE en general. Estos esfuerzos son fundamentales en un entorno en el que tanto el nivel como el alcance de los ataques a la ciber-seguridad crecen rápidamente, y en el que las medidas de intercambio de información sobre ciber-amenazas son muy importantes dentro de la comunidad Fintech.

Se han incluido en la reforma de la regulación de las Autoridades Financieras Europeas, para que estas tengan mayores responsabilidades para la promoción y control de la innovación tecnológica y sus riesgos, la asignación de nuevas de nuevas responsabilidades a la Autoridad Bancaria Europea  (EBA) y a la Autoridad Europea de Mercado (ESMA) que tendrán que tener en cuenta todas las cuestiones relacionadas con la innovación tecnológica en el desempeño de sus tareas. Esto requerirá que promuevan una cultura común de supervisión de la UE en materia de innovación tecnológica entre las autoridades nacionales competentes. En particular, se encargarán de coordinar instrumentos y herramientas nacionales de innovación tecnológica, como centros de innovación o entornos de pruebas controlados (sand-boxes)  establecidos por supervisores nacionales. Promoverán el conocimiento de las nuevas tecnologías con todos los supervisores nacionales, y coordinarán medidas de ciberseguridad junto con el intercambio de información sobre ciberamenazas, incidentes y ataques.

La más reciente de las actuaciones relevantes en apoyo del desarrollo empresarial Fintech y la innovación tecnológica en los mercados financieros, es el plan Fintech para una  Unión Bancaria y Mercados Europea más competitiva e innovadora,  presentado muy recientemente (14 Marzo 2018) por la Comisión Europea.           Tiene tres objetivos principales: Apoyar nuevos modelos de negocio para su crecimiento en el mercado único; Fomentar el desarrollo, entendimiento y uso de nuevas tecnologías; Y aumentar la ciberseguridad del sistema financiero.


Cada uno de estos Objetivos principales se desarrolla en un conjunto de iniciativas y estas en acciones concretas.

Con el objetivo del desarrollo de nuevos modelos de negocio la Comisión ha propuesto las siguientes acciones:

  • Presentar una propuesta de directiva legislativa para crear el marco legal europeo del desarrollo de las actividades y servicios de financiación directa (crowdfunding),  mediante capital y préstamos, definiendo las exigencias para obtener licencia para estas actividades.
  • Las Autoridades de Supervisión (EBA, ESMA) presentarán informes sobre la aplicación y mejor adecuación de los actuales procesos de autorización de actividades en los mercados financieros, a los nuevos modelos de negocio Fintech. Si es necesario presentarán propuestas sobre necesidades de adaptación de la legislación para esos negocios.
  • Se continuará realizando un seguimiento experto por parte de la Comisión, las Autoridades de Supervisión y el Banco Central Europeo sobre el desarrollo de los servicios de cryptomonedas y las emisiones y colocaciones de estas, para conocer y valorar los riesgos inherentes, la aplicación más conveniente de los marcos normativos actuales y la identificación de nuevas medidas normativas.
  • La Comisión fomentará y apoyará los esfuerzos entre los participantes en el mercado para desarrollar y usar nuevos estándares técnicos de interfaces, seguridad y comunicaciones que puedan ser certificados en el cumplimento de las exigencias del norma PSD2 para prestación abierta de servicios de pago e información bancaria.
  • Las Autoridades de Supervisión y la Comisión Europea compartirán información y se coordinarán y estudiarán las mejores prácticas y se publicarán informes y guías para el establecimiento de hubs de desarrollo de negocios y empresas Fintech, así como de entornos controlados de pruebas (sandboxes) que actúen como facilitadores al entendimiento de las autoridades de supervisión sobre las nuevas actividades  y a las nuevas  compañías a conocer los procesos de autorización de licencias de actividad y las exigencias regulatorias.


Con el objetivo de fomentar el desarrollo, entendimiento y uso de nuevas tecnologías, la Comisión Europea ha propuesto las siguientes acciones:


  • Se establecerá un grupo de expertos para estudiar e identificar obstáculos injustificados en la regulación de la Unión o nacional para el desarrollo y uso de nuevas tecnologías e innovación financiera.
  • Las Autoridades de Supervisión revisarán y  explorarán la necesidad de ampliar o publicar nuevas guías para las entidades financieras sobre la externalización de infraestructuras tecnológicas a empresas de servicios en la nube.
  • La Comisión fomentará y animará a los proveedores de servicios de externalización tecnológica,  al desarrollo de códigos profesionales y estandarización de contratos,  para la mejor prestación de sus servicios a las entidades financieras y sus necesidades particulares y que faciliten el cambio a las entidades entre unos proveedores y otros.
  • Desde la Comisión realizará una consulta en el sector para obtener información para el desarrollo de una base de datos europea y estandarizada, basada en tecnologías blockchain, de información financiera de las compañías cotizadas en los mercados financieros de la UE.
  • Se ha iniciado el desarrollo de un observatorio y foro de conocimiento sobre las tecnologías blockchain que entre otras cosas estudie la viabilidad del establecimiento de una infraestructura pública europea en estas tecnologías para el desarrollo de servicios transfronterizos en la UE. También con el apoyo de este observatorio la Comisión Europea continuará su conocimiento y evaluación de los problemas y riesgos (legales, de gobierno, de escalabilidad) de la tecnología y promoverá esfuerzos de estandarización para la interoperabilidad de redes.
  • Se establecerá un laboratorio de nuevas tecnologías Fintech con carácter general para el desarrollo de conocimiento de estas entre los reguladores y supervisores, europeos y nacionales, en un espacio común con los proveedores tecnológicos.

Con el objetivo de fortalecer la ciber-seguridad del sistema financiero europeo, la Comisión Europea ha propuesto las siguientes acciones:

  • La Comisión organizará la coordinación entre el sector público y privado para estudiar y evaluar las barreras que están limitando la compartición de información sobre amenazas, ataques y rupturas de la seguridad en los sistemas e infraestructuras tecnológicas  del sector financiero. Se propondrán soluciones a las barreras identificadas para fomentar la transparencia de estas informaciónes.
  • La Autoridades de Supervisión realizarán un estudio sobre las actuales prácticas supervisoras en la entidades financieras sobre las exigencias en materia de  ciber-seguridad y su gobierno, y publicarán guías que permitan la convergencia de estas prácticas en todos los países de la UE y refuercen el control, gestión y mitigación de los riesgos, sugiriendo  nuevas medidas legislativas si se estiman necesarias.
  • Se evaluarán los costes y beneficios del desarrollo y puesta en práctica en un marco y capacidades de pruebas de resistencia a la ciber-seguridad a entidades e infraestructuras del sector.

El rápido avance de los servicios financieros Fintech, está llevando a la Unión Bancaria y Mercados Europea a importantes cambios estructurales a una velocidad inusual. En este entorno, los problemas derivados de tales cambios que no sean debidamente evaluados, debilitarán el trabajo de los últimos años en pos de la estabilidad financiera de la UE. De este modo las instituciones de regulación y supervisión europeas han entendido que la disrupción  debe llevarse al terreno de la evolución, mediante el minucioso estudio, conocimiento, y mitigación de los riesgos nuevos o tradicionales, y evaluar con precisión la aplicación y facilitación del cumplimiento de los marcos normativos actuales a las nuevas actividades, o desarrollar nuevos marcos cuando sea necesario para que la innovación y la competitividad no se vean truncadas. Las nuevas actividades financieras Fintech que conlleven mismos riesgos, para las entidades y/o sus clientes, y/o para la sociedad, que las actividades tradicionales, se someterán a los mismos marcos y exigencias regulatorios.






jueves, 1 de marzo de 2018

RESUMEN DE ACTIVIDAD DE LAS INSTITUCIONES REGULADORAS DEL MES DE FEBRERO 2018

El  seguimiento y puesta al día en toda la actividad de las instituciones que están modelando cada día la Unión Bancaria y de Mercados en Europa,  es una amplísima tarea  para las entidades, profesionales y estudiantes del sector.

Este Observatorio divulga, a fin de ayudar en esa labor,  un útil compendio mensual de la actividad relevante de 
la Comisión Europea (EC), Parlamento Europeo (EP), Consejo de Europa (CE), Consejo Europeo Económico y Social (EESC), Autoridad Bancaria Europea (EBA), Autoridad Europea de Mercados (ESMA), Banco Central Europeo (BCE), Supervisor bancario (BCE-SSM), Consejo Europeo de Riesgo Sistémico (ESRB), Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (BIS-BCBS) y Consejo Internacional Estabilidad Financiera (FSB)

El compendio se organiza por instituciones y por fecha de publicación de la actividad, etiquetando cada actividad con el marco  regulatorio o ámbito  al que afecta para mejor filtrar los intereses de cada uno.   En cada actividad vienen los enlaces que facilitan el acceso a la documentación institucional referida, para facilitar su estudio.



jueves, 22 de febrero de 2018

DEL PRINCIPIO PENDULAR Y DE PROPORCIONALIDAD DE LA REGULACION FINANCIERA


La tendencias en las presiones regulatorias de las políticas públicas sobre los sectores financieros siempre se han caracterizado por sus patrones pendulares oscilando entre mayores y menores intensidades y complejidades.

Actualmente y con la última crisis financiera como guía conductora, el ciclo alcista de la presión y control regulatorio está alcanzando sus máximos, y posiblemente tendrá su momento álgido tras la implementación del acuerdo BIS III en la principales jurisdicciones bancarias, y que seguramente tendrá un alcance en su implantación ya muy diferente entre aquellos países que quieren liderar el inicio del ciclo de moderación regulatoria y los países que consideran que la regulación y supervisión bancaria intensa es todavía un valor en su estabilidad financiera.

Este inicio de moderación en las exigencias regulatorias viene de la mano del concepto de la proporcionalidad regulatoria, que tiene su origen en las justas reivindicaciones de las entidades financieras de complejidad mediana y pequeña que se han visto obligadas a las cargas de trabajo e inversiones del cumplimiento de  políticas regulatorias principalmente diseñadas para los grandes bancos con asentamiento internacional, y que han sido la principal preocupación de los riesgos de inestabilidad financiera mundial en los últimos años.

Pero cómo se va a materializar y qué alcance tendrá este concepto de proporcionalidad en la regulación es materia de debate y concreción actualmente. Para empezar el concepto ya se ha transformado en un principio regulatorio de las políticas públicas para la industria financiera, y que marca el principio del fin del ciclo regulatorio posterior a la crisis.

Los expertos ya vienen expresando que en aras de una regulación bancaria efectiva y eficiente, el principio de proporcionalidad debe ser reconocido y aplicado en cada paso del proceso regulatorio para que la legislaciones existentes y nuevas se apliquen a los bancos y las instituciones financieras de forma proporcionada, y detallan su justificación en aspectos tales como:


  • La regulación impone grandes costes: los costes de los recursos de las agencias reguladoras, los costes de cumplimiento impuestos a las entidades reguladas y los costes para los clientes en la medida en que los costes de la regulación se transfieren a los clientes.
  • La regulación puede inducir cambios en los modelos de negocios bancarios que no son necesarios para el logro de los objetivos regulatorios.
  • Se puede crear una impresión de que la regulación desproporcionada significa que los reguladores están asumiendo efectivamente la gestión de los bancos al limitar la discreción de los gerentes bancarios y limitar de hecho el rol de control del consejo de administración.
  • Una regulación desproporcionada puede inducir el arbitraje dentro del sistema bancario si, por cualquier razón, la regulación impacta desproporcionadamente en algunos tipos de bancos. También es probable que induzca un proceso de desintermediación hacia instituciones menos reguladas y el mercado de capitales.
  • Una regulación desproporcionada puede comprometer la competencia en el sistema bancario, al aumentar las barreras de entrada.
  • La regulación tiende a imponer una carga desproporcionada a los pequeños jugadores en el mercado y a los nuevos participantes, lo que puede dificultarles competir con jugadores más establecidos.
  • Además, la regulación tiende a ser particularmente costosa para las instituciones pequeñas, en parte debido a los costos fijos que implican los sistemas de cumplimiento.


El principio de proporcionalidad tiene varias características que  presentan diferentes problemas con respecto a los pros y los contras para todas las partes involucradas, a saber:

  • El Objetivo, es decir, si una regulación particular, o el agregado regulatorio con la nueva regulación, aplicable a todas las instituciones reguladas es desproporcionada en relación con el objetivo buscado.
  • Complejidad excesiva, es decir, la regulación es excesiva e innecesariamente compleja para los objetivos que se buscan y se pueden lograr los mismos objetivos regulatorios, y con el mismo grado de efectividad, con requisitos regulatorios menos complejos.
  • Diferenciaciones  en la aplicación de un reglamento, es decir, hacer las diferenciaciones suficientes entre diferentes tipos de bancos sin comprometer los objetivos regulatorios.
  • Materialidad necesaria cuando se aplica regulación que están sujetas a una nueva regulación costosa cuando solo están marginalmente expuestas a los riesgos que dicha regulación pretende controlar.

En el ámbito europeo, se han planteado un conjunto de recomendaciones generales de estos expertos en la aplicación del principio de proporcionalidad:

  • El principio de materialidad y las concreciones  del principio de proporcionalidad deberían ser armonizadas mediante las guías prácticas de aplicación de las regulaciones que puedan publicar las autoridades financieras europeas (ESAs) horizontal del ESA de manera que puedan aplicarse de manera coherente.
  • Los bancos y las instituciones financieras, a los que debe aplicarse el principio de proporcionalidad, deben segmentarse usando varios criterios, tales como tamaño del banco, modelos comerciales, grado de interconexión y disponibilidad de sustitutos para los servicios, el alcance de la actividad global (transfronteriza), la complejidad, los riesgos de liquidez, los desajustes de vencimientos y estructuras de grupo / propiedad.
  • La Comisión Europea debería establecer un grupo de trabajo de alto nivel para profundizar en los temas dentro del concepto de proporcionalidad y proponer acciones y recomendaciones específicas para su implementación en la industria financiera.
  • Las instituciones reguladoras debieran establecer dentro de sus organizaciones grupos de revisión de proporcionalidad, responsables ante la máxima dirección de la institución y encargadas de presentar informes y disponibles para ser consultados en una etapa temprana y convertirse en una parte integral del proceso legislativo.
  • Debería haber revisiones regulares e independientes de la aplicación del principio de proporcionalidad y su equilibrio con otros objetivos de la regulación financiera, en particular la competencia leal y un terreno de juego único. Dichas revisiones deben ser solicitadas periódicamente por la Comisión Europea y sus resultados deben hacerse públicos y considerados en los planes de trabajo regulatorios futuros.


Sin embargo se comparte la opinión expresada desde los reguladores internacionales, que aun cuando la aplicación del principio de proporcionalidad puede estar justificado como fórmula para mitigar las distorsiones que la regulación inevitablemente genera en el mercado de servicios bancarios, existen al menos dos restricciones importantes para la aplicación del principio:

  • En primer lugar, las exigencias simplificadas no deberían conllevar una menor exigencia en materia de solvencia y liquidez. Se debe reconocer que  los problemas de instabilidad financieras no siempre vienen provocadas por los problemas de las entidades de mayor tamaño.
  • En segundo lugar, la proporcionalidad no debe utilizarse para proteger a determinado tipo de entidades de la normal dinámica competitiva de los mercados. Si se usa correctamente, la proporcionalidad puede contribuir a la nivelación del terreno de juego evitando la penalización excesiva a las entidades pequeñas derivadas de la complejidad de las normas. Por el contrario, un uso inadecuado puede llegar a activar fuerzas competitivas que pueden alterar la estructura eficiente y estable deseada de la industria.

Se observa que con la idea del cumplimiento de las dos restricciones anteriores, se está considerando acompañar la aceptación de una menor complejidad de las exigencias regulatorias  para entidades pequeñas, con la exigencia de niveles algo más elevados de capital. Esta fórmula puede permitir una aplicación equilibrada del principio de proporcionalidad, simplificando la supervisión prudencial sobre entidades de mediana y pequeña complejidad y menores  riesgos asumidos, al tiempo que se les exige una capacidad de absorción de pérdidas algo superior.

Este observatorio ha tenido acceso a un estudio sobre los principios de proporcionalidad y su aplicación en los marcos regulatorios de las instituciones de crédito europeas, realizado por el Grupo de Interesados en la industria de la Autoridad Bancaria Europea, y lo divulga aquí.




jueves, 15 de febrero de 2018

TENDENCIAS EN EL TRATAMIENTO REGULATORIO DE EXPOSICIONES EN LOS BANCOS A LA DEUDA PUBLICA NACIONAL




Durante la crisis financiera se identificó en Europa el problema del nexo "Banco-Soberano", es decir, el grado en que la situación financiera de los bancos y de los estados miembros es Interdependiente y se realimentan negativamente. Las costosas operaciones de rescate para los bancos dieron lugar a aumentos significativos de la deuda pública nacional, mientras que la inversión de los bancos en bonos soberanos los hizo más vulnerables a las posibles insolvencias de sus tesoros nacionales. 

Esta interdependencia se considera problemática desde un punto de vista de la estabilidad financiera de la UE, en particular si los bancos mantienen elevadas inversiones en sus balances en bonos soberanos de su país de origen. 

El objetivo de reducir los riesgos a la estabilidad financiera facilitando la reducción y/o diversificación de las carteras de deuda pública de los bancos y debilitar el nexo Banco-Soberano es de alta importancia para la terminación de la unión bancaria, pero los marcos reguladores globales y europeos no son favorables a esta reducción de riegos, ya que mantienen sus tratamientos preferenciales en las cargas de capital de las exposiciones a la deuda pública frente a otras exposiciones. 

Desde la identificación del problema, hay una importante línea de trabajos entre las instituciones europeas e internacionales, realizando propuestas, estudios e informes para abordar cambios en la regulación: 

En 2015, el Consejo Europeo de Riegos Sistémicos publicó su primer estudio caracterizando el problema y considerando los posibles cambios regulatorios

En 2016 el Fondo de Estabilidad Financiera Europeo publicó otro estudio sobre los impactos en los tesoros nacionales y en los bancos de la Unión de posibles cambios y medidas regulatorias para reducir los riesgos de la concentración de deuda soberana nacional en los bancos. 

También en el 2016 en su plan de acción para completar la unión bancaria, el Consejo de Europa acordó esperar a las propuestas regulatorias globales del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea en materia del tratamiento a las exposiciones en deuda pública de los bancos. 

En 2017 el Parlamento Europeo publicó un estudio detallado para una propuesta sobre el diseño de medidas regulatorias para la carga de capital extraordinario a las concentraciones elevadas de deuda pública en los bancos, su calibración, sus impactos en los mercados, y las disposiciones transitorias para mitigarlos. 

También En 2017 en la comunicación publicada desde la Comisión Europea con el plan de líneas de trabajo legislativo y calendarios para la finalización de la Unión bancaria, se planteó la propuesta de introducir un nuevo marco legislativo para las operaciones de titulización de carteras de deuda pública como un paso anterior a los cambios en materia de cargas de capital para estas exposiciones, como forma de reducir los riegos en el sistema bancario al nexo Banco-Soberano mediante la diversificación de las inversiones entre deuda de varios países del UE empaquetadas en estas operaciones, a la vez que da mayor entrada a los inversores privados a estos activos, facilitando de dispersión de riesgos. En esta comunicación anunció que la propuesta legislativa se publicará durante 2018. 

Al final del 2017, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, publico un documento para la consulta pública con recomendaciones para el cambio del tratamiento regulatorio a las exposiciones de deuda pública en los tres pilares de su marco de exigencias de capital. 




En Europa los reguladores no son tendentes todavía a la modificación de las exigencias de capital a las exposiciones de deuda pública actuales en CRR/CRD IV de forma directa y anticipada a los cambios en la normativa internacional en la materia, que todavía está en una fase temprana de decisión. 

Sin embargo ante la necesidad de reducir los riegos en las carteras de deuda pública (de forma similar a los esfuerzos actuales con las carteras de préstamos impagados) de los bancos de los países de la Unión antes de alcanzar los acuerdos políticos para finalizar el nuevo marco legal del fondo de garantía de depósitos (EDIS), se plantean las alternativas de normalización de instrumentos de titulizacion de esas carteras para la dispersión de riesgos mediante los mercados de estos instrumentos, y que posiblemente será acompañada por la normalización de la limitación de concentraciones de deuda nacional en los balances de los bancos mediante cargas marginales de capital a la exposiciones por encima de los límites establecidos.





viernes, 9 de febrero de 2018

ESPECIAL SUPERVISION UNICA BANCARIA DEL BCE



El BCE pone a disposición de todos los interesados en las metodologías, recomendaciones y actuaciones del Mecanismo Unico de Supervisión (MUS) Bancaria, toda la información relevante. El ObaservatorEU ha tenido acceso al conjunto de esta información y la divulga en este post especial dedicado en todos los enlaces siguientes:





Folletos Informativos de la metodología del MUS del 2016, 2017, 2018: 







Marco legal de actuación del MUS: 





Obligaciones de información de los bancos al MUS:









viernes, 2 de febrero de 2018

LOS MERCADOS FINANCIEROS EUROPEOS TAMBIEN EN VERDE

En esta ocasión, no se trata de hacer referencia a que los semáforos de acceso a los mercados financieros se hayan establecido en verde por razones sorpresivas, o que la evolución  en los mercados en 2017 hayan hecho cambiar a verde cualquier control riesgo que estos tuvieran. Si alguno espera un artículo de este tipo,  le deseo unos buenos días y hasta la semana que viene.

Se trata de la parte de las  responsabilidades de la sostenibilidad medioambiental que también residen en los mercados financieros de la unión europea y como lo entendió la Comisión Europea cuando dentro de su plan de actuaciones para la Unión del Mercado de Capitales estableció en 2016 un grupo de trabajo de alto nivel, formado por miembros del sector bancario, seguros, gestión de activos, mercados de valores, sociedad civil, instituciones y otras perspectivas,  para diseñar una estrategia general para la necesaria involucración del sector financiero entre las columnas de apoyo del desarrollo de  la economía de la sostenibilidad medioambiental de Europa. Así se acuñó el concepto de la financiación sostenible.

Tras la firma del tratado de París en Diciembre de 2015, la economía global puso un punto adicional entre los objetivos de su rumbo, para dotar a la sociedad a una calidad y forma de vida donde las energías renovables y las nuevas tecnologías jueguen un papel protagonista y el sostenimiento medioambiental del planeta sea un de los  fondos argumentales.

Desde Europa el compromiso a participar en el liderazgo global de este empuje ya ha llevado a la adopción de políticas para facilitar nuestra propia transformación, a la vez que los estudios de impacto de estas políticas han demostrado que su puesta en práctica necesitan de una capacidad de financiación anual enorme y que estas capacidades están mucho más allá de las solas posibilidades del sector público europeo.

Para cubrir estas necesidades de financiación, la Comisión Europea decidió estudiar los cambios regulatorios necesarios para movilizar capacidades financieras privadas. Pero tales cambios en los  mercados de capitales privados necesitan de una estrategia amplia y coordinada en toda la cadena de valor de la inversión.

Ahora este grupo de trabajo sobre la financiación sostenible ha presentado su informe final,  que no es el final, sino el principio del trabajo de las instituciones legisladoras europeas siguiendo el plan de actuación, seguidas de propuestas legislativas, que la Comisión ya ha anunciado se presentará en la primavera de este año 2018 siguiendo estas estrategias.


Como acciones prioritarias, el informe recomienda: 

  • En primer lugar realizar una definición de la taxonomía de los proyectos y actividades económicas que caen dentro la sostenibilidad medioambiental para delimitar las áreas donde la financiación es más necesaria.             
  • Clarificar las responsabilidades y tareas de los inversores para ajustar los plazos de inversión a las necesidades de estos proyectos de sostenibilidad en sus decisiones.
  • Mejorar la publicación de información por parte de todos los involucrados para hacer más transparentes las oportunidades de los proyectos de sostenibilidad y sus riesgos asociados.
  • Actuar para que los canales de inversión en estos proyectos alcancen a todos los ciudadanos.
  • Desarrollar estándares oficiales europeos para activos financieros de inversión específicos para la economía sostenible (como bonos de deuda “verde”).
  • Establecer las capacidades a nivel europeo para el desarrollo en los estados miembros de infraestructuras necesarias para la economía sostenible.
  • Integrar los principios de la economía sostenible en el gobierno de las instituciones financieras y en los mecanismos de supervisión financiera.

El informe realiza recomendaciones dirigidas para sectores específicos del sistema financiero:

  • Fomento de la economía sostenible y  del préstamo sostenible en las entidades bancarias
  • Mayor participación de las entidades aseguradoras en inversiones de largo plazo, en capital y en proyectos de infraestructuras.
  • Asegurar que los gestores de fondos y asesores de inversiones entienden y recogen las preferencias sobre inversión en economías sostenibles de sus clientes
  • Promover que las agencias de análisis y las agencias de clasificación de inversiones consideren plazos mucho más largos en las valoraciones de estas así como su importancia en sostenibilidad medioambiental y social.

Y también realiza otras recomendaciones de forma transversal: 

  • Enfrentar el carácter corto-placista de los principales mercados para reducir su impacto negativo en las necesidades a largo plazo de la inversión sostenible
  • Potenciar la capacidad de los ciudadanos para identificar y elegir con prioridad las inversiones sostenibles
  • Desarrollar un observatorio de la financiación sostenible en los mercados vigilando los planes de inversión de la unión.
  • Asegurar que las normas contables y de exigencias de capital no penalizan innecesariamente (o incluso favorecen) este tipo de inversiones
  • Establecer de forma cultural el principio de “sostenibilidad” en el desarrollo de todas las políticas de la Unión Europea.

La recomendación final del informe apunta a facilitar principios a la Comisión Europea para el diseño del plan de actuación de las políticas en financiación de economías sostenibles: 

  • No aumentar la carga de trabajo regulatoria para las entidades, para no mermar recursos que deben ir a la inversión pretendida.
  • Valorar el éxito del plan no por la adopción de sus medidas particulares, sino por el incremento que experimenten estas inversiones de forma permanente en las características de los mercados europeos.